Federación de la Magistratura de Puerto Rico

Una reflexión entre colegas sobre los casos de la semana pasada

Hon. Carlos G. Salgado Schwarz

Presidente, Federación de la Magistratura de Puerto Rico; Juez del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico

Las expresiones contenidas en esta columna no representan la postura institucional del Poder Judicial conforme dispone el Canon 24 de Ética Judicial, y son compartidas en estricto apego a la facultad conferida por el Canon 25 de Ética Judicial.

I. Tres vidas

Tres vidas se perdieron la semana pasada. El licenciado Luis Quiñones González y el señor Félix Plaud fueron asesinados, y William Noel Rivera Sánchez, quien se atribuyó ambos crímenes, murió después por su propia mano. Hay familias que lloran hoy lo que ninguna sentencia repara, y entre colegas conviene recordar que el licenciado Quiñones González fue atacado poco después de salir del Centro Judicial de Ponce, ejerciendo su profesión. Todo análisis que olvida el dolor humano nace viciado.

II. Lo que dicen los récords

Circulan reclamos públicos que atribuyen el desenlace al manejo judicial de los casos que Rivera Sánchez había presentado. Entendemos que la gente busque una causa clara. Pero lo que reflejan los récords públicos es un trámite ordinario: una demanda, una sentencia por estipulación entre partes representadas por abogados, una moción para exigir el cumplimiento, una segunda demanda y gestiones para emplazar a una parte. Esos casos se manejaban conforme a nuestro ordenamiento procesal.

Que el proceso no devolviera el dinero con la rapidez que esperaba un litigante no convierte el curso normal de un procedimiento en una falla. Lo que ocurrió fue una decisión violenta. Ninguna frustración justifica arrebatar una vida ajena.

III. La tentación de reformar desde el dolor

Sabemos cómo suele continuar este tipo de historia. Ocurre una tragedia, la indignación exige respuestas inmediatas y surgen propuestas que lucen firmes y resultan costosas: limitar el acceso de quienes se representan solos, endurecer los requisitos para presentar reclamos, exigir rapidez a costa de la deliberación o convertir el salón de sesiones en un espacio hostil para quien llega buscando justicia.

Un hecho atroz, singular e imposible de anticipar no representa a nuestro sistema de justicia, sino únicamente a sí mismo. Cada año miles de personas litigan en nuestros tribunales con frustración, con demoras y con la sensación de que nadie las escucha. La inmensa mayoría espera, apela, insiste y finalmente acepta el resultado. Diseñar las reglas pensando en la excepción violenta castiga a esa mayoría pacífica. Una regla escrita desde la rabia rara vez sobrevive. Casi siempre hay que corregirla.

IV. Lo que sí corresponde conversar

Esto no es un llamado a la inacción. La seguridad de abogados, partes, funcionarios y jueces merece una conversación seria, con datos, con la abogacía a la mesa y con presupuesto. Revisar los protocolos de protección dentro y fuera de los centros judiciales es legítimo, y quienes ejercemos la judicatura somos los primeros interesados en que esa revisión ocurra.

También lo es mejorar el seguimiento al cumplimiento de las sentencias por estipulación y reforzar la orientación a quienes litigan sin abogado. Quien litiga sin entender el proceso necesita saber qué viene, cuándo y a quién acudir. Orientar bien, con claridad, en lenguaje sencillo y a tiempo, también es hacer justicia. Ninguna de estas medidas exige desmantelar garantías, y todas se discuten mejor cuando se tiene la información completa.

V. Hacerlo bien, no deprisa

Quienes ejercemos la judicatura sabemos que el tiempo puede ser una forma de justicia o de injusticia. Por eso apoyamos que se examine, con rigor, cualquier aspecto del sistema que pueda mejorarse. Ese examen debe preceder a la reforma, no sustituirla.

Que la memoria de las personas que perdieron la vida nos obligue a hacer las cosas bien, no deprisa. Un sistema de justicia que cambia de rumbo por el caso más doloroso del mes termina fallándole a los litigantes que vendrán después.