Lo que no se dice en la sala, primera entrega
Lo que Illinois nos obliga a preguntar sobre la salud de la judicatura
Hon. Carlos G. Salgado Schwarz
Presidente, Federación de la Magistratura de Puerto Rico y Juez del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico
Las expresiones contenidas en esta columna no representan la postura institucional del Poder Judicial conforme dispone el Canon 24 de Ética Judicial, y son compartidas en estricto apego a la facultad conferida por el Canon 25 de Ética Judicial.
I. Un estudio que no podemos copiar, pero sí leer
En 2026, el Programa de Asistencia a Abogados del Tribunal Supremo de Illinois publicó el estudio más extenso que se haya hecho en ese estado sobre salud mental, alcohol, drogas, juego, estrés y deterioro cognitivo en la profesión legal. Respondieron 6,778 abogados y jueces. Ninguna de esas cifras describe a Puerto Rico, y sería un error tratarlas como si lo hicieran.
Tampoco son un retrato exacto de Illinois. La participación fue voluntaria, y quien contesta una encuesta sobre salud mental no siempre se parece a quien la deja sin abrir. Los autores ponderaron los resultados por edad y género para corregir parte de ese sesgo, pero el sesgo existe. Leo el estudio como un espejo con una distorsión conocida: sirve para hacer preguntas, no para dictar respuestas.
II. Lo que dicen los números
Uno de cada cinco abogados de Illinois calificó su salud mental como regular o mala. Entre ellos, casi uno de cada tres reconoció haber tenido ideación suicida durante el último año. Son cifras que obligan a detenerse.
Pero el dato que más me ocupa no es la prevalencia. Es lo que ocurrió después. El 37 por ciento de quienes calificaron su salud mental como deficiente no buscó ayuda. Entre los bebedores de alto riesgo, el 82 por ciento tampoco la buscó. Entre quienes usan drogas recreativas con frecuencia o hacen mal uso de recetados, el 93 por ciento.
Las razones que dieron son casi todas de la misma familia: falta de tiempo, la creencia de que podían resolverlo solos, preocupación por la privacidad y la confidencialidad, vergüenza, temor a la reputación y miedo a que pedir ayuda dañara su carrera. Casi ninguna habla de falta de servicios. Hablan de miedo.
III. Por qué el estigma pesa más que la enfermedad
La jueza Mary K. O’Brien, del Tribunal Supremo de Illinois, lo dijo con claridad en el prólogo del estudio. Según su planteamiento, el estigma es de los hallazgos más peligrosos porque la gente no da un paso al frente cuando siente que lo que diga se usará en su contra, o cuando el tema es tan tabú que no se atreve a mencionarlo (traducción nuestra).
La directora del programa, la doctora Diana Uchiyama, añade una advertencia que debería incomodar a más de una institución: firmar un compromiso de bienestar, o declarar en un comunicado que se valora la salud mental, no basta y tiene beneficios limitados. Un compromiso en papel no cambia lo que un abogado calcula antes de levantar la mano.
Esa aritmética privada es el verdadero obstáculo. Quien duda de si pedir ayuda lo va a perjudicar no está mal informado. Está evaluando un riesgo real con la información que tiene. Y una persona que decide callar rara vez se limita a callar sobre un solo tema.
IV. El caso de quien viste toga
La judicatura tiene motivos propios para calcular así. Los jueces trabajamos a la vista del público, bajo un régimen disciplinario con consecuencias profesionales graves y con una expectativa social de serenidad permanente. A modo de hipótesis, imaginemos a un juez que atraviesa un periodo de agotamiento severo. Sabe que existe ayuda confidencial. Pero también sabe que cualquier señal de fragilidad puede leerse como falta de aptitud. Si esa lectura le parece probable, aunque sea poco frecuente, lo más racional para él será callar.
No hace falta señalar a nadie para ver el problema. Es una característica estructural del cargo, y las características estructurales no se corrigen con voluntad individual.
V. Lo que le toca a una Federación como la nuestra
Una Federación de jueces no sustituye a un profesional de la salud ni a los programas del Poder Judicial. Pero puede hacer algo que ninguno de ellos hace con facilidad: ofrecer un espacio entre pares donde hablar no tiene consecuencias institucionales. Puede normalizar el lenguaje, de modo que decir “estoy agotado” deje de sonar a confesión. Y puede impulsar que Puerto Rico conozca su propia realidad, con una encuesta anónima y de rigor técnico, porque lo que no se mide se sigue negando.
Si usted que lee esto reconoce algo propio en estas cifras, la Línea PAS atiende en español las veinticuatro horas del día, marcando el 988.
El estudio sugiere, además, que el problema no se agota en la persona. Una parte considerable del peso viene del lugar donde se trabaja. De eso trata la próxima entrega.
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