Federación de la Magistratura de Puerto Rico

Por el Hon. Carlos G. Salgado Schwarz, Juez del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico y Presidente de la Federación de la Magistratura de Puerto Rico (magistradospr.com)

Las expresiones vertidas no representan la postura institucional del Poder Judicial conforme dispone el Canon 24 de Ética Judicial y son compartidas en estricto apego y a la facultad conferida por el Canon 25 de Ética Judicial al Presidente de la Federación de la Magistratura de Puerto Rico.

I. El desconocimiento como barrera de acceso, reconocida oficialmente

El propio Poder Judicial de Puerto Rico lo ha identificado así. En su página sobre acceso a los tribunales, la Rama Judicial reconoce que el desconocimiento sobre la función judicial o la falta de información adecuada sobre los servicios que el Tribunal ofrece puede constituir, en sí mismo, una barrera de acceso a la justicia. No es una opinión externa: es un diagnóstico institucional.

Por eso existen los Centros Pro Se, adscritos a la Oficina de Administración de los Tribunales, con presencia en centros judiciales de Bayamón, Caguas, Carolina, Fajardo, Humacao, Mayagüez y Utuado, entre otros. Su función es proveer información general sobre el sistema de tribunales y ciertos procedimientos judiciales a las personas que optan por representarse a sí mismas. El derecho a la autorrepresentación está reconocido en Puerto Rico tanto en el ámbito civil como en el criminal para toda persona natural. Pero un derecho que solo puede ejercerse plenamente si la persona entiende el proceso al que se enfrenta es un derecho que depende, en la práctica, de qué tanto sabe quien lo invoca.

II. Lo que ocurre cuando el derecho a comparecer no viene acompañado de comprensión

La literatura jurídica puertorriqueña ha documentado este problema con crudeza. Omar Andino Figueroa advierte, en su artículo “El litigio pro se en Puerto Rico: hacia la búsqueda de una solución” (86 Rev. Jur. UPR 868, 2017), que uno de los problemas principales del acceso a la justicia es la falta de acceso a representación legal, y que las personas sin recursos económicos para contratar abogado terminan compareciendo pro se frente a una parte contraria que sí cuenta con representación y, típicamente, con más recursos. La asimetría no es solo económica. Es una asimetría de comprensión: una parte entiende las reglas del juego, la otra las está aprendiendo sobre la marcha, en tiempo real, mientras su caso se decide.

Esa asimetría tiene una consecuencia que rara vez se nombra: erosiona la legitimidad percibida del sistema. Una persona que sale de un tribunal sin haber entendido por qué perdió su caso, no porque el resultado fuera incorrecto, sino porque nunca comprendió el proceso que lo produjo, no sale con una lección sobre el derecho. Sale con una sospecha sobre la justicia. Multiplicada por miles de casos al año, esa sospecha acumulada es exactamente el terreno fértil que necesitan quienes buscan deslegitimar al Poder Judicial con narrativas simplistas.

III. La alfabetización legal como defensa de la independencia, no como caridad

Aquí está el argumento central: cuando la ciudadanía entiende cómo funciona el sistema judicial, puede distinguir entre una decisión judicial legítima que le resultó desfavorable y una anomalía real que merece ser cuestionada. Esa capacidad de distinción es, precisamente, lo que hace posible una vigilancia ciudadana informada sobre el Poder Judicial, en lugar de una hostilidad genérica basada en el desconocimiento.

Invertir en alfabetización legal, entonces, no debería entenderse como un programa de servicio social aislado de la conversación sobre independencia judicial. Es una inversión directa en la legitimidad de largo plazo del sistema. Una ciudadanía que entiende la diferencia entre instancias, que sabe qué es una recusación, que comprende por qué un caso puede tardar lo que tarda, es una ciudadanía mucho más difícil de movilizar contra la judicatura mediante consignas vacías, y mucho más capaz de exigirle, con fundamento, lo que legítimamente le corresponde exigir.

La independencia judicial no se protege únicamente en las leyes que rigen el nombramiento de los jueces. Se protege también, todos los días, en cada persona que sale de un Centro Pro Se entendiendo un poco mejor el sistema al que acudió a buscar justicia.